La familia de Guerrero pide ayuda por 'sms' a amigos y conocidos para pagar la fianza

La esposa del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el pasado día 10 de marzo por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha enviado un mensaje de texto desde el teléfono móvil de su marido a su círculo de amigos y conocidos para que le ayuden a pagar los 250.000 euros de fianza que ha fijado la juez Mercedes Alaya para que pueda salir en libertad provisional.

En este sentido, el abogado de Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado a Europa Press de que la mujer del imputado, que dispone de su teléfono móvil desde que éste entró en la cárcel de Sevilla-I, ha remitido un 'sms' a todas las personas incluidas en la agenda de contactos del teléfono en el cual dice 'Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda', tras lo que detalla la cuenta de La Caixa donde pueden hacer el ingreso y concluye diciendo 'guarda el resguardo del ingreso para devolverte el dinero. Pásalo'.

"No es algo a fondo perdido", ha dicho el letrado del imputado, quien ha seńalado que la cuenta bancaria se ha abierto esta misma semana al objeto de reunir los 250.000 euros en metálico que le hacen falta a su cliente para pagar la fianza establecida por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ya que Guerrero, que tiene todas sus cuentas y propiedades embargadas, no dispone de esa "elevada" cantidad, motivo por el que continúa en prisión.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya decreta de oficio la libertad bajo fianza de Guerrero, en primer lugar, "por elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes, presuntamente corresponsables de los hechos que se investigan", todo ello tras el auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el que decreta la libertad bajo fianza de 450.000 euros del exconsejero de Empleo de la Junta, "bajo cuyas órdenes estuvo" el propio Guerrero.

En segundo lugar, la magistrada dice que Guerrero "lleva privado de libertad varios meses, y aunque existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día, debe reconocerse que, en comparación" con los responsables de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo que han declarado con posterioridad, las aportaciones de Guerrero "han sido las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa".

LA PRISIÓN "NO DEBE MANTENERSE SINE DIE"

La juez dice que "esta situación en conjunto, debe ser valorada, pues de un lado debe imponérsele los mecanismos necesarios para asegurar que no va a tratar de eludir la acción de la justicia, pero tampoco debe mantenerse 'sine die', como desde el inicio era pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional" de Guerrero, "aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como ocurrió en el caso de Fernández, se consideraba una medida necesaria porque cumplía los fines constitucionalmente legítimos expresados en el auto de prisión y porque era adecuada a la instrucción de la causa y a su no entorpecimiento".

Así, "y una vez que estos riesgos disminuyen por el avance o desarrollo de la investigación, debe aminorarse la intensidad de la medida con la fijación de una fianza, entre otras cautelas", asevera la magistrada, que argumenta que para determinar la calidad y cantidad de la fianza "se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial".



Al hilo de ello, seńala que, por un lado, "hay que ponderar la especial gravedad de los hechos imputados, que por sí solos determinarían un evidente interés en sustraerse a la acción de la justicia, y de otra, la situación económica en la que suponemos (por el conocimiento que se tiene de la causa) puede encontrarse Guerrero, pues si solamente atendiéramos a la gravedad de los hechos, la fianza seńalada podría hacer ilusoria la probabilidad de su puesta en libertad".

FERNÁNDEZ "POSEE UN MAYOR APOYO SOCIAL"

"Como quiera que entendemos que la situación económica de aquel no debe ser importante, y no es desde luego la misma de la que pueda disfrutar Fernández, por lo que resulta de la toma de declaraciones de ambos y de las propias actuaciones, incluso de lo que se evidencia de los respectivos letrados que les asisten, siendo patente que Fernández posee sin lugar a dudas, por lo que se vislumbra de la presente instrucción, de un mayor apoyo social (dicho esto en términos globales), entendemos que la fianza proporcionada a todas las circunstancias que se han valorado debe fijarse" en 250.000 euros, agrega la magistrada.

La magistrada envió a prisión a Guerrero imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

También en la cárcel están el exconsejero de Empleo, que no ha podido reunir por el momento la fianza de 450.000 euros establecida por la Audiencia Provincial para poder abandonar la cárcel de Morón de la Frontera, y Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero a quien la Audiencia dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros.

EL ABOGADO DE FERNÁNDEZ PIDE UNA BAJADA EN LA FIANZA

por otra parte, el abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE fraudulentos y a quien la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad bajo fianza de 450.000 euros en metálico, ha solicitado a la Sección Séptima una reducción de la fianza impuesta para poder abandonar la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) donde permanece desde el 24 de abril.


En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha elevado un escrito a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el que solicita que se le reduzca la fianza impuesta para obtener la libertad provisional, aunque por el momento no han trascendido los motivos alegados en dicho recurso.


Al hilo de ello, las fuentes judiciales consultadas, que no han podido precisar cuál es la reducción de la cantidad solicitada por la defensa del imputado, han seńalado que será este mismo jueves cuando se notifique a las partes personadas en el proceso, y se haga pública por tanto, la resolución al respecto.


De su lado, el abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, no se ha querido pronunciar al respecto. En días anteriores, seńaló que la cantidad de la fianza "es desorbitada" y "se encuentra fuera de las posibilidades económicas" del propio Fernández y "de su círculo de parientes y amigos".


En un comunicado remitido a los medios, el abogado ya dijo que la fianza fijada "es muy elevada y supera ampliamente la capacidad económica" del imputado, "así como los márgenes que habíamos previsto y para lo que, con ayuda de su círculo de parientes y amigos, estábamos preparados".


Asimismo, afirmó que "no podemos albergar satisfacción ni alborozo de ninguna clase" ante la decisión de la Audiencia Provincial, ya que el exconsejero de Empleo "nunca debió ingresar en prisión".
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO AL HONOR

En este sentido, el abogado subrayó que la medida de prisión provisional sin fianza adoptada por la juez Mercedes Alaya "a instancias" de la Fiscalía Anticorrupción "fue innecesaria y desproporcionada", a lo que se suma que, "aparte de privarle durante 80 días ya, casi tres meses, del sagrado derecho a la libertad personal, ha lesionado gravemente el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al honor" de su patrocinado.


Así, "piénsese que cuando la generalidad de los ciudadanos, a través de los medios, ha 'visto' a alguien subir a un furgón policial camino de la prisión, difícilmente presume otra cosa que la culpabilidad", tras lo que vuelve a incidir en que "el del ingreso en prisión fue un día triste para el Estado de Derecho".


"Con decisiones como la adoptada fue lanzado a la opinión pública el mensaje, profundamente perturbador, de que un ciudadano puede ser enviado a prisión antes de ser juzgado y declarado culpable, y aún cuando no mediaban las excepcionales circunstancias y requisitos que constitucionalmente hacen posible tan extrema medida", apuntó.


Por último, seńaló que su ingreso en prisión "le ha inferido otros gravísimos perjuicios, el principal de los cuales es la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez", a pesar de lo cual, "y para la fijación de la elevadísima fianza que se le impone, el tribunal toma en consideración un salario como el que percibía en dicho consejo, que, lamentablemente, ni ya percibe ni lo volverá a percibir".